La OIT -
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/event/cl2005/index.htm - ha venido a recordarnos hoy que cerca de 250 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan en el mundo, de los cuales 180 millones lo hacen en las peores condiciones imaginables: esclavitud, servidumbre por deudas, prostitución, o niños soldado, privados de educación y en perjuicio de su desarrollo psicológico, físico y emocional.
La mayoría de estos niños se encuentra en América Latina, Africa y Asia y 73 millones tienen menos de 10 años. Pero también en España hay niños que trabajan sin tener edad para ello. Niños que se ven privados de su derecho universal a la educación ante la indiferencia de quienes deberían (o deberíamos) evitarlo.
A veces acurre incluso ante nuestras propias narices. En el instituto en el que trabajo 10 niños y niñas de un total de 350 alumnos en edad de escolarización obligatoria han abandonado sus estudios antes de cumplir los 16 años, algunos de ellos para empezar a trabajar.
¿Qué podemos hacer si conocemos algún caso de algún niño de nuestra escuela? ¿Cuál debe ser nuestro papel como asesores psicopedagógicos ante situaciones como éstas?
La educación es un derecho fundamental de todos los niños. Sin ella los niños y las niñas se ven privados de un auténtico desarrollo social y de la posibilidad real de ejercer los derechos y libertades establecidos por nuestra Constitución. La educación es la vía que muchos niños tienen para salir de la situación de marginalidad y de pobreza en la que se encuentran y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho.
Los responsables y el personal de los centros educativos y los consejos escolares tienen el deber de comunicar y denunciar a las autoridades competentes cualquier situación de riesgo o posible desamparo de un menor. Al menos eso es lo que dice la la Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León
